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Chile, el país de la turbo economía, de los centros comerciales, de los tratados de libre comercio, pero también el país de las pensiones, las universidades y los hospitales privados –y uno de los países con más desigualdad del mundo-,  ha votado, y ha otorgado una clara mayoría (aunque necesitará de una segunda vuelta) al candidato de la derecha, el populista Sebastián Piñera, que cuenta con el apoyo de reconocidos pinochetistas.

Atrás quedan 2 candidatos importantes de la histórica izquierda chilena: el democristiano (oficialista), Eduardo Frei, y el socialista Marco Enríquez-Ominami. Una curiosidad nada baladí: tanto los padres de Frei, como el de Enríquez-Ominami (y el de la actual presidenta Bachelet), están unidos por una misma tragedia: fueron asesinados por la dictadura de Pinochet. Cosas de Chile. 

Frei, Bachelet y Enríquez

Miguel Enríquez fue el secretario general del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), y fue asesinado el 5 de octubre de 1974, cuando la DINA (las SS de Pinochet) rodeo su vivienda con soldados, tanquetas y hasta un helicóptero. En el enfrentamiento recibió el impacto de 10 balas. Convencido que pronto moriría, Miguel había pedido a su mujer que trajera a su hijo desde el exilio de París para despedirse. Nunca pudo hacerlo. 

Frei Montalva fue el presidente que precedió en el cargo a Allende. Líder de la Democracia Cristiana, estuvo a favor del golpe en sus inicios, pero pronto se decantaría por las filas de la oposición. En diciembre de 1981 entró en el hospital para una cirugía menor. Salió de allí dentro de un ataúd, un mes después. Hace una semana, el juez encargado del caso de la muerte del expresidente confirmó que éste fue envenenado con una pócima preparada en el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército. 

Por su parte, el general masón, Alberto Bachelet, fue de los pocos que se negaron a participar en el golpe de 1973 contra Allende. Fiel a sus principios, renunció a las FF.AA y fue encarcelado por sus propios compañeros. Murió al año siguiente, a los 51 años. En una carta contó que fue “torturado” por “camaradas de las FACH a los que conocía desde hacía veinte años, alumnos míos, que me trataron como a un delincuente o como a un perro”. 

Veremos que sucederá en la segunda vuelta, el próximo 17 de enero. Algo debería cambiar en este Chile que conserva la misma Constitución aprobada en 1980 por Pinochet. La misma que prohíbe ser parlamentarios a los dirigentes sindicales. Cosas de Chile.

Colombia avanza muy lentamente en el proceso de cauterización de las heridas producidas por el conflicto armado que padece desde hace varias décadas. Desde que se iniciaran las primeras hostilidades, hace más de 40 años, entre grupos guerrilleros, paramilitares y el propio Estado, los logros son realmente escasos, sobre todo en el plano político y moral. La Ley de Justicia y Paz, promulgada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe en 2005 como herramienta para desmovilizar a los paramilitares, hoy languidece, provocando reacciones encontradas en todos los ámbitos. Mientras tanto, los eternos perdedores: las víctimas de la violencia, ven como los paramilitares se aprovechan de una ley sin verdad ni justicia plausible y, lo que es peor, sin reparación real del daño causado.

Para contextualizar, conviene recordar que el conflicto armado colombiano se remonta a la década de 1960 del siglo pasado. En esta época, se conformarían los primeros grupos subversivos guerrilleros: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) con el objetivo de dar voz a las clases más pobres, y de lograr una reforma agraria que permitiera el reparto de la tierra; en un país eminentemente agrícola, donde el 3% de la población posee más del 70% de las tierras fértiles. La inoperancia de un gobierno poco representativo e incapaz de proteger a sus ciudadanos, ni de ofrecerle un mínimo de seguridad y estabilidad, propició la creación de las denominadas “autodefensas”, grupos de campesinos armados –con la connivencia del Estado- que se encargarían de defender a los grandes latifundistas colombianos (hoy marcados por el narcotráfico). De aquí nacerían los paramilitares, agrupados en la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el grupo que ha causado la mayor cantidad de víctimas en lo que va de conflicto, según cifras de la ONU.

El Supremo exige una “Comisión de la verdad”

El gobierno del presidente Uribe (desde 2002 en el cargo), se ha caracterizado por la política de “mano dura” contra todos los agentes subversivos del conflicto. Sin embargo, en el año 2005 aprobó la Ley de Justicia y Paz, por la cual los paramilitares podían desmovilizarse a cambio de confesar “parcialmente” sus delitos y asumir penas que no excedían los 8 años de prisión. Después de 4 años de aplicación de la Ley, por la que se han desmovilizado 35.000 paramilitares, tan sólo han declarado 3.845 antiguos integrantes de las “autodefensas”, confesando eso sí, más de 24.000 homicidios, sin que uno sólo de ellos haya recibido una sentencia en firme ni reparado a los familiares de los muertos, que se cifran en unos 220.000.

(vídeo 2:16)

En este sentido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, sorprendió  la semana pasada con la contundencia de sus declaraciones en un acto institucional, al proponer la creación de una “Comisión de la Verdad” que “salve la memoria” sobre los crímenes perpetrados por los paramilitares que permanecen impunes, amparados en la Ley de Justicia y Paz. La Corte ha dirigido su proposición al Gobierno de Uribe, para que éste cree dicha comisión “en cumplimiento de los pactos internacionales suscritos por Colombia y en aplicación del Derecho Internacional Humanitario”.

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, ha apoyado la creación de la Comisión, al mismo tiempo que ha criticado la Ley de Justicia y Paz, porque “no ha logrado las metas establecidas de producir verdad, justicia y reparación”. Además, afirma el comisionado, dicha Ley prevé una condena máxima de 8 años, “cuando el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional establecen un mínimo de 30 años para los crímenes que se juzgan”. Por si esto fuera poco, y según informa Antonio Albiñana para Público, la mitad de los paramilitares que se acogieron a la Ley han dejado ya de acudir a las citaciones judiciales y se encuentran en paradero desconocido.

La importancia de la Comisión de la Verdad radica en su pretensión de erigirse como un altavoz que permita la discusión sobre la violencia y las víctimas del conflicto, para de esta forma avanzar en el proceso de cicatrización de la heridas, es decir, en la recuperación de la paz, la memoria y la justicia. No podemos olvidar que parte de la verdad de lo sucedido se está perdiendo, y el pueblo colombiano necesita conocer y reflexionar sobre lo ocurrido, para evitar el silencio que lleva aparejado el olvido.

La violencia paramilitar ha causado más de 17.000 “desaparecidos”, sin contar la cifra de asesinatos y masacres, según estimaciones de las denuncias presentadas a la fiscalía en el último año. Durante la dictadura militar argentina se produjeron 13.000 desapariciones, mientras que la de Pinochet en Chile sumó unas 3.000.

Una semana, eso es lo que ha durado el acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado el pasado 30 de octubre entre el gobierno de facto de Micheletti y el del presidente depuesto, Manuel Zelaya. Con auténticas artes de “príncipe” maquiavélico, Micheletti sigue ganando tiempo en su estrategia de convertir el golpe en un mero paréntesis inconstitucional. Analistas hablan ya de una nueva modalidad de golde de Estado: el golpe “correctivo”. Pero antes de explicar en qué consiste, recapitulemos.

Terra.esEl ejército sacó de la cama –literalmente, en pijamas- a Zelaya el 28 de junio, “invitándole” a viajar a San José, Costa Rica. Las razones “oficiales” aducidas por tan noble institución garante de la democracia, para realizar tal esperpento, fueron las pretensiones del presidente de convocar un referéndum para enmendar la Constitución y así poder proponerse para un nuevo mandato (la Constitución hondureña no permite la reelección consecutiva). Ahora bien, la razón de fondo no es otra que la redirección del país hacia la órbita del chavismo. Y ya sabemos, el presidente venezolano es el símbolo del mal, y el mal debe ser evitado. Cualquier medio es justificable con tal de evitarle tal daño al pueblo hondureño. Pero, más allá de esto, ¿a qué se debió este acercamiento a las fauces del chavismo?

Probablemente, entre otras cosas, se debiera al hecho de que Honduras es el segundo país más subdesarrollado de Latinoamérica, después de Haití; a que Zelaya se había unido al ALBA (la alternativa bolivariana de integración para América Latina) y a PETROCARIBE, de los que recibía por parte del gobierno venezolano préstamos con bajos intereses y crudo a precios preferenciales; a la subida del salario mínimo, en un país con un 50% de pobreza y un alto índice de indigencia, pero, además, a la aprobación por parte de Zelaya de la venta de la píldora del día después. Como vemos, el presidente había sacado todas las papeletas para que los “poderes fácticos” pensaran en quitárselo de encima.

Pero volvamos al acuerdo. Éste se logró gracias a la visita exprés del encargado del gobierno estadounidense para Latinoamérica, Thomas Shanon, y la mediación de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Ambos habían logrado consensuar una propuesta que en esencia estipulaba que el Congreso decidiría la vuelta de Zelaya al poder (previo consulta con la Corte Suprema) y la formación de un gobierno de “unidad nacional”. ¿Dónde estaba la trampa?, pues en que no había fecha para que el Congreso decidiera la vuelta de Zelaya. Quizás el presidente depuesto, al ver que el Congreso daba largas a su restitución, se percató de que éste, que lo destituyó del poder, a la vez que declaraba al gobierno de Micheletti como de “transición constitucional”, no estaba muy interesado en su restablecimiento antes de las elecciones del 29 de noviembre. Además, el astuto zorro Micheletti se había apresurado a invitar a Zelaya a formar un gobierno de “unidad” presidido por el proprio presidente de facto. No quedaba otra opción: el pacto se había roto. Mientras Zelaya declaraba que el acuerdo para él “ya no tiene ningún valor”, Micheletti anunciaba los miembros de su gobierno de “unidad” que, por supuesto, no incluía ningún miembro cercano al zelayismo. Son las consecuencias de creer que los que antes te habían echado, ahora te van a restablecer.

elpatriotahn.com

A todas estas, ¿qué cabe esperar? Para Zelaya, poco. El Gobierno estadounidense ya se ha apresurado a avalar las elecciones del 29 de noviembre aunque no se restituya a Zelaya en el poder. Cosas de la pragmática política: el senador republicano, Jin DeMint, había vetado la elección de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para América Latina y, a condición de eliminar dicho veto, declaró que“la secretaria de Estado Hillary Clinton y el subsecretario, Thomas Shannon, me han garantizado que Estados Unidos reconocerá el resultado de las elecciones hondureñas, haya sido restituido o no Manuel Zelaya”. Por otra parte, el embajador de Estado Unidos en Honduras también se apresuró a recalcar que negar las elecciones del próximo 29 de noviembre “sería un error histórico”, porque “no se le puede negar ese derecho al pueblo”.

Conclusión, Zelaya continúa encerrado en su laberinto. Y es que a pesar de que la comunidad americana en bloque, salvo EE.UU. como hemos afirmado, se niega a aceptar las elecciones sí Zelaya no es restituido, el poder que ejercería el apoyo estadounidense a las votaciones podría acabar por convencer a otros gobiernos. De nuevo, y sin que haya intervenido directamente esta vez en un golpe, EE.UU. es el factor clave en el futuro de Honduras. A Zelaya sólo le queda resistir en la embajada brasileña (¿quién sabe por cuánto tiempo?) o aceptar su restitución en un gobierno de unidad posterior a las elecciones, que acabaría por convertir al golpe de Estado en un mero paréntesis transicional, sin ninguna condena para los golpistas.

Como dijimos al principio, parece que la estrategia del nuevo golpismo latinoamericano, el golpe “correctivo”, consiste en despojar al enemigo político del poder, pero, eso sí, sin entronizarse en él. Si el Gobierno del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, legitima las elecciones, estaría apoyando tácitamente este nuevo tipo de golpismo del siglo XXI. Veremos en qué acaba.

 Brasil está de fiesta. Octava potencia mundial, principal productor a nivel mundial de productos tan diversos como aviones, café, soja, textiles, hierro o equipos eléctricos; recursos naturales extraordinarios; sede del Mundial de Fútbol de 2014 y, por si fuera poco, sede de los Juegos Olímpicos de 2016. Brasil es hoy el motor de Latinoamérica y la potencia emergente más confiable del grupo de países conocidos como BRICs (Brasil, Rusia, India y China). Nadie lo niega: el gigante de Sudamérica ha dicho adiós a la segunda clase.

La delagación brasileña, encabezado por Lula da Silva y Pelé, celebra la concesión de los Juegos Olímpicos de 2016 (canaldenoticia.com)


Hace relativamente poco tiempo atrás, era un criterio común afirmar que Brasil era un gigante adormecido, condenado a pasar desapercibido en la escena mundial. Una anécdota irónica, repetida mil veces en Latinoamérica, decía lo siguiente: “Brasil es un país de futuro. Y siempre lo será”. Pero el gigante ha despertado, y de qué manera. Veamos cuáles son las claves de su despegue.

Estabilidad institucional: desde el retorno de la democracia en 1985, la única interrupción constitucional fue provocada por la renuncia a la presidencia de Fernando Color de Mello (1990-1992), debido a las denuncias de corrupción que salpicaron su gestión. Desde entonces, Brasil ha tenido 17 años de estabilidad en lo que respecta a gobernabilidad. Tanto los 2 gobiernos de Henrique Cardoso (1995-2002) como los de Lula da Silva (2002-2010) han gozado de enorme popularidad y aceptación.

El “milagro” económico brasileño: antes de la crisis, el gigante sudamericano había encadenado 5 años de crecimiento consecutivo con tasas anuales que superan el 5%. Incluso, la crisis parece ser un mero resfriado para él; y es que pese a verse afectado por la caída de la demanda de materias primas por parte de sus principales compradores (China y EE.UU.), ha podido sostener su economía gracias al consumo interno, y ya ha empezado a crear empleo de nuevo. Pero la clave del milagro (archivo en pdf) lo constituye el éxito de su política distributiva y de desarrollo social. Gracias a programas gubernamentales como “Hambre Cero” o “Bolsa Familia”, la pobreza extrema se ha reducido un 11% entre 2001 y 2008, lo que en un país con las dimensiones de Brasil equivale a 21 millones de pobres menos. Además, y contrariamente a lo que sucede en America Latina, la clase media ha aumentado hasta el 52% de la población.

Estalla la euforia en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (telecinco.es)

Efecto “Lula”: Lula da Silva es el presidente surgido de la pobreza. Empezó a trabajar con tan sólo 12 años, fue lustrabotas y, posteriormente, sindicalista metalúrgico. Luchador nato, ganó la presidencia de la República después de perderla en tres ocasiones consecutivas. En su discurso de investidura en 2002 recordó sus orígenes y declaró: “Yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mí país”. Reelecto para un segundo mandato en 2006, y con una popularidad que alcanza el 80%, Lula es el principal artífice y garante del despertar brasileño gracias a una sencilla fórmula de complicadísima aplicación: ser cauteloso en lo económico y agresivo en lo social.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Brasil tiene cuentas pendientes en la modernización de sus infraestructuras, en el refuerzo institucional (casos de corrupción), el descenso de la inseguridad, y debe continuar con la reducción de las desigualdades sociales y la “humanización” de las favelas. Los impulsores de las candidaturas al Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos aseguran que las inversiones que se harán para estos eventos trabajarán para mejorar esos aspectos.

Como ha dicho Lula hace unos meses atrás –tras convertirse Brasil en acreedor del Fondo Monetario Internacional–, “hemos dejado de ser un paisinho”. Atrás quedan las épocas en las que era considerado “la eterna promesa”. Ya juega en la Champions League. Por ello, hoy  resuenan con profunda agudeza las palabras del escritor austríaco Stefan Zweig, referidas en 1941 al enorme potencial carioca: “Muchas veces me quedé sorprendido de ver cuántas ideas confusas y deficientes, aun personas cultas e interesadas por asuntos políticos, poseen sobre ese país que, indudablemente, está destinado a ser uno de los más importantes factores del desarrollo futuro del mundo”.

malvinas(Clarín)

La guerra de las Malvinas significó muchas cosas para los argentinos. Fue símbolo de patria, pero también de vergüenza, de derrota, de culpa y mentira. Sin embargo, algo todavía prevalece en esa dicotomía entre un supuesto “deber patriótico” y un humano rechazo a una guerra que fue coartada de una dictadura que se rompía: el recuerdo de los familiares a sus muertos. Después de 5 años de duras gestiones, un grupo de 375 familiares ha viajado a las islas para inaugurar un monumento en honor de los soldados caídos, en un evento que por primera vez en 27 años ha supuesto la colaboración de las tres partes implicadas: gobierno británico, gobierno argentino y los propios isleños.

 El triunfo de las gestiones para conseguir el mausoleo  es obra de Héctor Cisneros, presidente de la Comisión Familiares Caídos en Malvinas, quien en 1998 propuso la idea de crear un monumento a los caídos en el cementerio Darwin de las islas, y fue tachado de “loco” por el entonces Canciller (Ministro de Exteriores) del gobierno de Carlos Ménem, Guido di Tella. En 1999 el gobierno británico dio luz verde a Cisneros para la construcción del cenotafio, que tardó 6 años en construirse y fue instalado en las islas en 2004. Sin embargo, no ha sido hasta el pasado 3 de octubre cuando una primera tanda de 170 familiares ha oficializado su inauguración. El acto se cerró el día 10 del mismo mes cuando un segundo contingente de 205 familiares visitó el monumento y realizó los actos de entronización de la virgen de Luján, patrona del pueblo argentino.

Sin embargo, el litigio por las islas está lejos de resolverse. Y los gestos lo demuestran. “Bienvenidos al aeropuerto de destino”, fue la impersonal frase de bienvenida del comandante del vuelo en el que viajaba el primer contingente de familiares. Se intentaba ser prudente: ni Falklands (nombre con que los ingleses llaman a las islas) ni Malvinas. Otra anécdota. Los altoparlantes anunciaron que los argentinos debían permanecer sentados hasta que descendieran los demás pasajeros (algunos británicos). “Está bien, es como en la cancha. Los locales esperan a que se retiren los visitantes”, comentó entre risas un pasajero argentino. Los familiares vinieron a honrar a sus muertos, pero también a reivindicar una tierra que muchos todavía consideran propia. 

Durante la guerra de las Malvinas perecieron 695 soldados argentinos, pero en el cementerio de las islas están enterrados 247, de los cuales 149 tienen nombre y apellido, mientras los demás descansan bajo una cruz cuyo epitafio dice: “soldado argentino sólo conocido por Dios”.